14 de septiembre de 2013

Derrame de Cianuro en México confirma y debiera aumentar las preocupaciones sobre la minería expresadas por el Papa

Una de las mentiras que las empresas mineras repiten en todos los países donde pretenden instalarse es que las operaciones mineras se pueden hacer cuidando el medio ambiente. Realizar minería a cielo abierto y cuidar el medio ambiente es una contradicción que la realidad permanentemente nos permite constatar.

Tal es el caso del accidente que sucedió el 22 de agosto en las cercanías de la ciudad de Hermosillo, capital del Estado de Sonora en México donde volcó un camión que contenía 16.000 litros de cianuro que era transportado hacia una mina de oro y plata.

El vuelco se produjo sobre una canaleta que sirve para trasladar el agua de lluvia al río Yaqui que esta vez condujo el líquido tóxico hasta el torrente, secando toda la vegetación a su paso y causando la muerte a varias especies de animales río abajo. Las lluvias en días posteriores agravaron aun más la situación.



Como siempre las comunidades las más afectadas

Para prevenir males mayores las autoridades solicitaron a los pobladores que no se acercaran al cauce del río, que no utilizaran el agua bajo ningún concepto y en las comunidades de Onavas y Rosario Tesopaco, en el sur de Sonora, se dejaron de utilizar los pozos que abastecen de agua potable a las comunidades.
También se acordó cerrar las compuertas de la represa El Novillo por lo que se redujo la generación de electricidad en Sonora y Sinaloa.

No existe el uso seguro del cianuro

La prensa informó que 10 personas habían tenido que recibir atención médica por haberse expuesto a los vapores de cianuro. “La contaminación por derrame de cianuro es grave porque es uno de los tóxicos más potentes que hay”, indicó un académico del Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica. Incluso en la Unidad Estatal de Protección Civil, el grupo de trabajo interinstitucional informó que los análisis que se practicaron a las muestras de agua que se tomaron de la zona impactada inmediatamente después del accidente resultaron positivos.

Sin embargo, la televisión ha repetido casi textualmente mensajes muy tranquilizadores provenientes de lo que parece ser un comunicado oficial de la empresa transportadora Posabro SA responsable del accidente.

Quizás sea esta estrategia de comunicación tranquilizadora lo que aprenden a “manejar” las empresas que, como ésta, se encuentra certificada con el “Código Internacional para el Manejo del Cianuro” (ICMI por su nombre en inglés), un sello creado al amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y administrado por una organización en Washington. En síntesis, una forma más de engañar a la gente haciéndole creer que es posible el uso seguro nada menos que del cianuro.

Es de esperar que con este tipo de estrategias no logren engañar al Papa Francisco que recientemente mostró preocupación por el impacto de la industria minera en el mensaje enviado el 7 de setiembre a los participantes en la Jornada de reflexión sobre la industria minera mundial, organizada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Entre otras ideas, en su comunicación expresaba “no siempre sin motivo la actividad de las industrias extractivas se ha visto como una explotación injusta de los recursos naturales y de las poblaciones locales, reducidas, a veces a la esclavitud y obligadas a mudarse, abandonando sus lugares de origen... La actividad extractiva, como tantas otras actividades industriales, tiene repercusiones ecológicas y sociales que pasan de una generación a otra”… y agregaba “para no repetir los graves errores del pasado, las decisiones hoy no deben tomarse sólo teniendo en cuenta las perspectivas geológicas o los beneficios económicos de los inversores y de los Estados.... es indispensable e inevitable un proceso decisorio nuevo y más consciente que tenga en consideración la complejidad de los problemas en cuestión en un contexto de solidaridad”.

Lamentablemente hasta el momento las empresas continúan priorizado sus beneficios económicos por lo que las comunidades siguen sufriendo por los “errores” de las mineras.

Artículo elaborado por la Red con información tomada de Primera plana, La Jornada y UniradioNoticias.com. La foto es de imparcial.com

24 de agosto de 2013

Ecuador: los jueces los condenan, los hechos les dan la razón


El pasado 19 de julio los jueces de la Corte de Justicia de la Provincia Amazónica de Morona Santiago declararon culpable del delito de sabotaje y terrorismo a Pepe Acacho y Pedro Mashian. Acacho es integrante de la Asamblea Nacional, órgano legislativo de Ecuador, representante del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP). El MUPP es un movimiento político ecuatoriano de tendencia indigenista y anticapitalista, surgido en el año 1995 que tiene 5 representantes en la Asamblea Nacional. Pedro Mashian es presidente de la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco.

Ambos enfrentan un juicio por terrorismo organizado desde septiembre de 2009, por las protestas sociales desarrolladas en defensa del agua que fueron fuertemente reprimidas por la Policía Nacional y donde resultó muerto el profesor Bosco Wisuma. Ambos líderes se declaran inocentes de los cargos de los que son acusados.
A pesar de los reclamos de varias organizaciones a las autoridades pertinentes, para que realizasen una investigación sobre estos acontecimientos y no quedara impune el fallecimiento de una persona, la administración de justicia ha criminalizado el ejercicio de derechos legítimos, consagrados en la Constitución ecuatoriana, como son el de organización y libre expresión, calificándolos como actos de terrorismo agravado.
Las  acciones de estos líderes sociales se enmarcan dentro de procesos de resistencia social contra la Ley de Aguas, debido a que el Estado central no agotó los mecanismos formales y legales de diálogo para procesar los reclamos, dejando a las organizaciones el único recurso de la protesta social. La Constitución en el Art. 98 garantiza que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
En este caso concreto, las acciones eran en defensa de la naturaleza, que también goza de derechos consagrados constitucionalmente en Ecuador. Esta reacción social, ocasionó la persecución política en contra de líderes indígenas, campesinos y sociales.  Se inició  un proceso de criminalización contra la protesta popular a tal punto que más de 174 dirigentes se encuentran procesados e investigados por la justicia.  Esta situación  atenta contra expresas garantías constitucionales y conlleva a callar la voz del pueblo creando un clima de miedo y temor.
Las movilizaciones de los pueblos amazónicos del año 2009 contra la Ley de Aguas no eran por acceso al agua ni porque hubiera escasez o porque querían apropiarse de ella, de hecho, si es que hay agua disponible en la región Amazónica es porque los pueblos indígenas han cuidado de ella. Acacho expresó públicamente su posición de no permitir la explotación petrolera y minera en territorio shuar sino mantener las condiciones de vida y cultura de su pueblo: agua, bosques y tierra.

La preocupación de los pueblos Shuar siempre ha sido impedir que el agua  se viera amenazada por mineras y petroleras, como acaba de ocurrir en la provincia vecina de Azuay donde colapsó semanas pasadas un depósito de desechos mineros de la empresa concesionaria minera de nombre “Barranco Colorado”, propiedad del portugués Alexander Joaquín Bemposta, en Shumiral.

De acuerdo a información publicada en “La gran época” el 17 de agosto todos los desechos iban a las aguas del río Chico, que se une con el curso del Gala, Tenguel y Pagua, los cuales desembocan en las camaroneras y los manglares. La misma publicación informa que el Presidente de la Junta Parroquial de Tenguel, Julio Símbala, advirtió que en su jurisdicción se hallaban miles de peces muertos. El alcalde de Ponce Enríquez dijo que es una "tragedia ambiental", que a lo largo de 13 hectáreas se evidencia el lodo que arrasó con todo a su paso y afectó a los poblados que utilizan el agua para sus actividades.
Por otra parte se denunció que los mineros ubicados aguas arriba del sitio del desastre, aprovechando el caos, también vaciaron los relaves venenosos que contenían sus piscinas; hecho afirmado por vecinos que observaron que las aguas tenían un color plateado desde otros puntos aguas arriba al lugar del siniestro.

Ahora la población es aconsejada por el Ministerio Ambiental que eviten el uso del agua de rio "bajo ninguna circunstancia" mientras investigan el grado de contaminación del agua “cianurada”.
El presidente de la Junta Parroquial de Tenguel, Julio Símbala, sostuvo que “la piscina fue construida anti técnicamente, ya que los residuos eran sostenidos por sacos".  Sin embargo años atrás cuando se construyeron estas “plantas de cianuración” la Fundación para la Investigación Geológico Minera y Ambiental en el Ecuador (FUNGEOMINE) las promocionaban como "una moderna planta de cianuración con tecnología de punta que está prevista para apoyar la descontaminación de las aguas".

Hechos como este demuestran que era necesario ir contra la Ley de Aguas para preservar este preciado bien que hoy se encuentra seriamente comprometido por el accionar de empresas mineras en muchas regiones del Ecuador.  

14 de agosto de 2013

La globalización de la minería El impacto sobre la mujer

La lucha local contra la minería debe ser parte integrante de la lucha nacional y mundial contra la propia globalización, dado que los actores dominantes en la minería de gran escala son empresas transnacionales y que las instituciones financieras multilaterales facilitan la expansión de tal actividad.
La historia de la minería es una historia de apropiación de tierras y desplazamiento de personas pertenecientes a los sectores económicos más bajos de la sociedad, incluidas las mujeres. Se trata de un ejemplo perfecto de cómo naciones y países dotados de abundante riqueza natural pueden, paradójicamente, vivir en la pobreza y la opresión.
Aunque la minería tiene un efecto negativo sobre todos quienes viven en las comunidades mineras en general, las mujeres llevan una carga agregada debido al papel que desempeñan y a su estatuto secundario en la mayoría de las sociedades.
Además de las graves consecuencias que las operaciones mineras -en especial las de gran escala- tienen sobre el ambiente y la salud de los residentes locales, existen otros efectos:
1. Apropiación de tierras de indígenas, que provoca el desplazamiento masivo de personas.
2. Desgaste significativo o destrucción de valores y tradiciones vitales para el sostén de la solidaridad y unidad de las comunidades, tribus, clanes y familias. Las grandes compañías mineras también privaron a las mujeres de sociedades matrilineales (como las halladas en Bougainville, Papúa-Nueva Guinea) de sus derechos a tierras ancestrales. La incidencia del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el juego, el incesto, la infidelidad y el abandono de esposas está en crecimiento en muchas comunidades mineras. Esto ha agravado la violencia doméstica contra la mujer, que cada vez es considerada más como una mercancía.

3. Las economías de subsistencia, que han nutrido a generaciones de indígenas, han sido debilitadas y reemplazadas por economías de mercado, sobre las cuales los pueblos indígenas no tienen ningún control. Esto ha provocado la marginación de la mujer como productora de alimentos en las economías de subsistencia. Su papel tradicional como recolectora de alimentos y de agua, proveedora de cuidados y criadora se ha visto muy afectado. Su carga se ha multiplicado, lo cual es causa de más estrés y, en algunos casos, de enfermedades mentales. La destrucción del ambiente también disminuyó la productividad de los campos y contaminó la vida marina y terrestre, empujando a muchas mujeres a ingresar en la economía informal para encontrar fuentes adicionales de ingresos.
4. Las crecientes protestas y la resistencia popular contra los propietarios de la mina y sus operadores, los desplazamientos y la contaminación de tierras y aguas han conducido a una creciente militarización de las áreas mineras. En algunos países se documentaron violaciones a los derechos humanos en sus peores formas: desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, bombardeos aéreos, violaciones, incendio de aldeas y cosechas, etc. Muchas mujeres fueron violadas o sufrieron otros abusos sexuales por parte de militares. La violencia del Estado contra las mujeres se utiliza para debilitar la oposición de las comunidades al ingreso y a las operaciones destructivas de compañías mineras, y también provoca la división de comunidades, tribus, clanes y familias.
5. Existe un incremento de la migración desde zonas rurales a mineras. En algunos casos, la migración de la población dominante hacia tierras de pueblos ancestrales ha sido una política de Estado para dejar en minoría a los indígenas. La migración ha creado muchos problemas de ajuste debido a la mezcla de pueblos de distintas culturas y antecedentes. Una vez más, se debilita la solidaridad entre familias, tribus y comunidades.

6. Creciente desempleo y subempleo. Es irónico que el aumento en el número de empresas mineras que ingresan en nuestros países no produzca un incremento de la tasa de empleo o del nivel de vida ni un fortalecimiento de los derechos laborales. Esto se debe a la mecanización y automatización, a la privatización de compañías mineras estatales y también al método contractual de trabajo, que debilita a los sindicatos.
7. Las operaciones mineras en gran escala agravan la desigualdad social porque, en la mayoría de los casos, los habitantes originales de las zonas mineras no están siquiera empleados, y la mayoría de los empleados son mineros, que son fácilmente sustituidos por máquinas. Cuando se agotan los yacimientos de minerales, las comunidades locales se quedan con tierras devastadas, algunas sin rehabilitación posible.
Así, las compañías mineras transnacionales y los grandes accionistas se vuelven cada vez más ricos, mientras los pueblos afectados se vuelven cada vez más pobres. En los países industrializados, los trabajadores de las minas también pierden sus empleos y derechos laborales debido a las competencia que enfrentan de trabajadores del Tercer Mundo.
Globalización
En general, es necesaria una lucha contra la globalización desde abajo, desde donde podamos fortalecer nuestra solidaridad contra las fuerzas e instituciones globales que nos privan de nuestros derechos básicos al desarrollo humano y como mujeres, indígenas y naciones. No debemos permitir una mayor concentración de riqueza y poder en las manos de empresas mineras transnacionales, y sí reclamar el poder para nosotros, para poder controlar nuestras tierras y recursos, y determinar el camino de desarrollo que debemos escoger como comunidades, pueblos y naciones. También debemos entender mejor el funcionamiento de la globalización y los vínculos de ésta con nuestra vida cotidiana.
Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la agenda de las transnacionales se facilitó aún más. La OMC es uno de los productos finales de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). El GATT había sido creado en 1948 para regular solamente el comercio de mercancías, pero su sucesora, la OMC, trata de asuntos no necesariamente vinculados con el comercio. Por ejemplo, el acuerdo sobre TRIPs (derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, por sus siglas en inglés) garantiza protección a las tecnologías desarrolladas en los países industrializados mediante patentes. Esto significa que las empresas mineras del Tercer Mundo no pueden acceder a técnicas avanzadas de minería a menos que paguen el precio y las regalías correspondientes al derecho de patente. La tecnología protegida es la misma que causa desempleo y concentra más la riqueza en las compañías transnacionales.

Desafíos y caminos
Los desafíos que tenemos por delante en vista de estas nuevas caras de la globalización son enormes. Esto no significa que debamos caer en la trampa de separar nuestra lucha como mujeres de la lucha de las diferentes clases y sectores oprimidos en el mundo entero. Deberíamos trabajar estrechamente con agricultores, indígenas, trabajadores, residentes urbanos pobres, pescadores, ambientalistas, estudiantes, jóvenes y profesionales. También tendríamos que integrarnos a movimientos populares locales y nacionales que ejerzan presión sobre los gobiernos para que no cedan demasiado a las transnacionales ni a la OMC.
Así mismo, deberíamos formar redes con movimientos populares, ONGs y otros grupos progresistas en países industrializados. Ellos mismos son víctimas de las empresas transnacionales y los gobiernos que optan por reducir el presupuesto para bienestar social y crear desempleo como medida antiinflacionaria. Deberíamos educar a la gente sobre lo que es la globalización y sus implicaciones para todos nosotros, y, finalmente, dirigir nuestra lucha contra las compañías mineras transnacionales como expresión de nuestra protesta contra la globalización.
Las recomendaciones generales son las siguientes:
1. Difundir información en forma más amplia y sistemática, y compartir experiencias sobre las diferentes formas y niveles de lucha en la cuestión de la minería.
2. Realizar campañas de educación para aumentar la conciencia de las comunidades sobre la reestructuración mundial de la industria minera, la globalización en general y la relación de estos fenómenos con su propia situación.
3. Construir alianzas con otros sectores marginados y oprimidos de la sociedad.
4. Elaborar redes entre mujeres y comunidades afectadas por las operaciones mineras.
5. Realizar campañas conjuntas sobre temas de preocupación común y presionar a los gobiernos para que den prioridad a los intereses de la mayoría de la población sobre los de las empresas mineras transnacionales.
6. Fortalecer alternativas viables a nivel local que puedan ser llevadas a niveles regional y nacional.

Este texto, cuya autora es Victoria Tauli –Corpuz  fue publicado en la Revista del Sur, No. 81 en Julio de 1998. Por considerarlo de total actualidad lo reproducimos en nuestra red.  El artículo está basado en el documento que fue elaborado al final de la Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Minería, realizada en Baguio City (Filipinas) en enero de 1997. Victoria Tauli-Corpuz era directora de la Fundación Tebtebba (Centro Internacional de Pueblos Indígenas para la Investigación Política y la Educación), con sede en Filipinas.

5 de agosto de 2013

PRIMER TRIUNFO PARA LA FAMILIA CHAUPE CONTRA LA MINERA YANACOCHA

Cajamarca, Perú

Después de casi dos años de juicio, el día 2 de agosto a las 10 de la mañana en la Sala Penal de Cajamarca se emitió sentencia sobre el caso “Chaupe”, familia acusada por Minera Yanacocha de usurpar sus propiedades en el proyecto minero Conga.

Esta denuncia interpuesta por Minera Yanacocha se inició en noviembre del 2011. La empresa minera intentó desalojar por la fuerza a la familia Chaupe de su terreno ubicado en inmediaciones del proyecto minero Conga (Ver video de intento de desalojo)

Minera Yanacocha aduce que estos terrenos son de su propiedad y que fueron comprados a los directivos de la Comunidad de Sorochuco en el año 1994; sin embargo, la familia demuestra con sus títulos de posesión y contratos de compra venta que ellos son los reales propietarios y comuneros, y que han poseído estas tierras desde los años 90, además que nunca dieron su autorización ni cedieron en venta estos terrenos, y que siguen viviendo en los mismos hasta la fecha.

La denuncia dio lugar a un juicio que en primera instancia se llevó a cabo en Celendín y que terminó sentenciando a la familia Chaupe como culpables del delito de usurpación en agravio de Minera Yanacocha, ordenando no solo una reparación civil a favor de la empresa, sino el desalojo de la familia de los terrenos.
Tal sentencia fue apelada y el día de hoy la Sala Penal resolvió este caso, declarando NULA no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de la familia Chaupe, por contener no solo errores de tipo jurídico y de hecho, sino por haber obviado valoración de pruebas fundamentales que obran en el proceso y que son favorables a esta familia.

Esta sentencia significa no solo el reconocimiento de que la familia fue sometida a un proceso judicial mal llevado, sino que fue injustamente sentenciada sin los medios probatorios suficientes.
Es verdad que el efecto de esta sentencia será someter a la familia a un nuevo juzgamiento, pero esta vez en condiciones diferentes con un juez imparcial que está obligado a valorar todas las pruebas que la familia aportó y a emitir una sentencia dentro de lo que la ley establece.

Observatorio de Conflictos

GRUFIDES

9 de julio de 2013

Videos de Mujeres en defensa del Agua en Cajamarca, Perú

Video Participativo en el marco de la investigación sobre Género, Poder y Minería.
El Programa Democracia y Transformación Global, un centro autónomo de investigación y comunicación,  dio a conocer el resultado de un trabajo que se realizó en los últimos dos meses con algunas mujeres de Cajamarca, Perú, que están luchando contra la imposición del proyecto minero Conga.
El proyecto documental se llama "Tejiendo Resistencias", y consta de 3 cortos de unos 13 minutos cada uno ubicados en las tres zonas de Cajamarca afectadas por el proyecto, que son las tres que están organizadas y mobilizadas en una lucha de resistencia desde el 2011 y hasta el día de hoy.
Desde que en el 2011 se desató la resistencia popular frente al Megaproyecto Minero Conga en Cajamarca (Perú) que conseguiría destruir un extenso territorio alto andino con cuencas hidrográficas abastecedoras de agua en la zona, pudimos ver cómo poco a poco el pueblo Cajamarquino a través de sus Frentes de Defensa y plataformas ciudadanas hizo respetar su negativa a este proyecto minero, y cómo gracias a ello fueron ocupando un lugar importante en el debate nacional así como en los medios de comunicación. 
Conocimos la fuerza impresionante de las rondas campesinas, de los y las comerciantes de mercados, de los y las profesoras, de estudiantes, mujeres y niños en las calles. Marcha, tras marcha, la organización fue creciendo, ni los Estados de Emergencias pudieron parar al pueblo. El 82% de población regional sentenciaba la negativa rotunda al proyecto Conga. Aguaceros, lagunas, y riachuelos se convirtieron en un gran Río con dirección al mar: la Gran Marcha Nacional por el Agua y la Vida caminó miles de kilómetros desde Cajamarca hasta Lima en febrero del 2012. Así se gestó un movimiento cuya bandera es hasta hoy la defensa del agua, del territorio y el respeto de decidir autónomamente el modelo de desarrollo que quieren para su región.
Es de todo esto que nos surgió el deseo de querer contar esta historia, desde la voz de sus protagonistas, en este caso las mujeres.
Motivadas por un año más de resistencia popular frente a este megaproyecto, a la vez que se cumple un año de exigir justicia por el asesinato de 5 hermanos cajamarquinos movilizados en un contexto de suma represión, decidimos impulsar un proceso de Video Participativo con mujeres de la región de Cajamarca, con DocuPerú como aliados en la realización. Este proceso tuvo como objetivo visibilizar la participación de ellas, sus razones y sentimientos de resistencia, su experiencia de organización, sus denuncias y las transformaciones que van provocando. 
A la vez, quisimos apostar por una construcción colectiva a través de esta herramienta de comunicación y por tanto generar una experiencia de interaprendizaje, intercambio y de generación de conocimientos que reforzara las acciones democratizadoras al interior de sus luchas, en sus comunidades y otros espacios sociales donde participan.
Este proceso se inició al conocer sus historias, así fuimos conociendo como operan las relaciones de poder que se ponen en juego, entre ellas las del género. En un lugar como Cajamarca donde se vive la expansión del modelo de desarrollo extractivista aprendimos que ésta violenta tanto a los territorios para extraer sus minerales como a los cuerpos y vidas de mujeres, para lograr sostenerse. Es decir son territorios donde se acentúa la violencia capitalista y patriarcal. 
Pudimos ver cómo la desigualdad de género en la cotidianidad se traslada a las dinámicas organizativas, de forma que las funciones y roles públicos más reconocidos suelen estar en manos de los hombres, mientras que ellas las mujeres quedan casi siempre encargadas de la alimentación, organizando en sus comunidades, poniendo el cuerpo en las primeras filas de las marchas con el calor de sus cantos y la fuerza de su dignidad. Vimos cómo el Estado, representado por las fuerzas del orden, se torna cada vez más violento ya sea imponiendo la mina en territorios agrícolas o pateando las ollas comunes en una manifestación, ambos sustento de miles de campesinos y campesinas.
"Somos líderes invisibles", "Amas de casa luchadoras" nos decían las mujeres cuando empezábamos a esbozar el guión de los videos, y esa fue la identidad que buscamos rescatar como hilo conductor de las historias.
La etapa de creación del video se realizó durante dos viajes a Cajamarca. El primero fue el 25 de mayo, donde tuvimos un encuentro con 15 mujeres y reflexionamos conjuntamente sobre la comunicación comunitaria y popular. Fue allí donde comenzamos a consensuar algunos mensajes claves que queríamos transmitir y a coordinar la producción. De esa forma decidimos tener un próximo encuentro en Cajamarca para el 8 de junio con las 4 representantes que tenían disponibilidad para comprometerse en la producción de los cortometrajes. En este segundo momento, Blanca Llamoctanta Edquén de Bambamarca, Keyth Calla Alvarado de Celendín y Amalia Cruzado Mejía y Lourdes Chuang Bando de Cajamarca (las tres provincias afectadas por el proyecto Conga y organizadas en oposición a éste) idearon qué querían contar y cómo querían hacerlo, cada una dirigió su propia historia. Es así como durante los siguientes 6 días nos organizamos para desarrollar todo el trabajo de grabación e inclusive la edición del material que resultó en una serie documental participativa, pudiendo hacer una primera proyección de los trabajos frente a otras mujeres de la ciudad de Cajamarca el sábado 15 de junio.
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar" con esa sabia frase de Antonio Machado las compañeras describieron este proceso que sinceramente esperamos sirva para provocar más reflexión crítica sobre el importante papel que cumplimos las mujeres en los procesos de transformación social y el poder, para conocer más a estas valientes mujeres amas de casa, ronderas, estudiantes, profesoras, comerciantes, jóvenes, ancianas, niñas, todas haciendo historia, tejiendo con sus cuerpos, con su dignidad y sus fortalezas, estas resistencias. También esperamos sirva para seguir generando solidaridad con esta lucha que está cambiando al Perú y a sus movimientos sociales.
Equipo Programa de Democracia y Transformación Global (PDTG)
Aquí pueden verse los tres videos:

Aguas de Libertad
http://www.youtube.com/watch?v=WL93OHxUTEQ
Memorias de Fuego
http://www.youtube.com/watch?v=og3lZJGOByc
La Tierra Clama Justicia
http://www.youtube.com/watch?v=YAMZH4WtYaE

2 de julio de 2013

Uruguay: jornada histórica para el movimiento anti-minero


En un acontecimiento cívico sin precedentes en la historia del Uruguay, el pasado 27 de junio, la comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua hizo entrega a la Junta Departamental de una propuesta, acompañada por más de 13.000 firmas de ciudadanos, para que se prohíba el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto en el departamento de Tacuarembó en el centro del país.
Este acto constituye un hecho histórico porque es la primera vez que se hará uso en Uruguay de la "iniciativa popular" en materia de Gobierno Departamental. Este procedimiento se encuentra habilitado por el artículo 305 de la Constitución de la República y regulado por la ley 9.515 de 1935 sobre el gobierno y la administración de los municipios.



Para presentar la iniciativa, se precisa el apoyo del 15% de los votantes residentes en la localidad. La norma, junto con las firmas, es entregada a la Junta respectiva que, luego de hacer verificar las firmas, tiene 60 días para pronunciarse. Si la resolución es negativa, lo comunica al Intendente, quien debe convocar el referéndum departamental entre los 30 y 60 días siguientes.
El grupo que llevó adelante esta iniciativa “Tacuarembó, por la vida y el agua” se define como un grupo de ciudadanos y ciudadanas en donde confluyen periodistas y comunicadores, productores rurales, empresarios, trabajadores, representantes sindicales, ediles, autoridades eclesiásticas, vecinos y vecinas preocupadas por la instalación de la minería metalífera a cielo abierto a gran escala en el territorio nacional.
En la noche del jueves 27 a pesar del frío un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas de distintas localidades del país acompañaron el acto de entrega de las firmas y escucharon atentamente las palabras del Obispo Julio Bonino, frente a la Junta Departamental.


En relación a las características del Departamento de Tacuarembó el Obispo destacó: “En este Centro-Norte del Uruguay, tenemos el privilegio de contar con una de las reservas de agua dulce más grande del mundo: el Acuífero Guaraní, que tiene como zona de recarga de su inmenso tesoro, el territorio dentro del cual nos encontramos. Sabemos que estamos situados en una de las zonas de mayor diversidad de especies y ecosistemas del país, donde ya conviven la ganadería, la agricultura y la forestación. Hemos recibido esta valiosa tierra para que queriéndola mucho, la cuidemos al beneficiarnos de sus frutos y la defendamos de todo aquello que pueda dañar la posibilidad de que la encuentren sana los que vengan después de nosotros. No tenemos que olvidar que la tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos”.
El Obispo consideró como un valioso aporte el Juicio Ciudadano sobre minería a cielo abierto en Uruguay organizado por la Universidad de la República.  Destacó las principales conclusiones donde se advirtió que es necesario:
- Un intenso e informado debate con la más amplia participación ciudadana, que garantice que las decisiones tomadas en una u otra dirección obtengan el más amplio consenso técnico, político y social.
- Admitir que no existen o no se conocen en nuestro país planes o estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo para poder decidir cuáles inversiones se adaptan o no a nuestro país.
- Considerar que el desarrollo debe ser medido no sólo en términos de aumento del PBI.
- Que no existen o no son del todo precisos los estudios que permitan a los tomadores de decisiones, hacer los cálculos de pérdidas y ganancias relacionadas a los impactos de los proyectos.
- Considerar que no hay antecedentes a gran escala en Uruguay sobre cómo restaurar o evitar que se dañen ecosistemas de los que no tenemos aún cabal idea de cómo funcionan
- Que tampoco parece haber en nuestro país, por diversos motivos, la cantidad y diversidad de especialistas para monitorear y hacer cumplir en tiempo y forma los procesos de control y seguimiento necesarios.
- Considerar que esta omisión de planes, estudios y demás, inhabilita para marcarles a las empresas privadas normas de cuidado ambiental precisas.
- Considerar también la carencia de que Uruguay no cuenta con un relevamiento preciso sobre su patrimonio histórico, arqueológico e inmaterial lo que nos pone en peligro de perder en forma definitiva las huellas de ese rico pasado.
Con vos clara y serena el Obispo Julio Bonino concluyó:  El acto que estamos protagonizando sucede en este año 2013 en que las Naciones Unidas lo han declarado Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, y que se inscribe en el Decenio Internacional para la Acción, El agua, fuente de vida 2005-2015.
Custodiemos la tierra y el agua de nuestro territorio, porque es la casa de todos.


1 de julio de 2013

Ecuador: Aprueban reformas a la ley minera hechas a la medida de las empresas

Como un enorme error habían calificado diversas organizaciones ecuatorianas las reformas a la ley minera antes de que éstas finalmente fueran  aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 13 de junio.
En un pronunciamiento conjunto las organizaciones alertaban que esta reforma a la ley minera no respetaba  el Mandato Minero establecido  por la Asamblea Constituyente en el 2008, que había recuperado la soberanía sobre los recursos mineros y sobre el territorio ecuatoriano. El Mandato Minero establecía algunos principios para el funcionamiento de esta actividad en el país, como el vinculado con la imposibilidad de acaparar concesiones mineras en un solo titular o la prohibición de minería en zonas de nacimientos de agua.
La nueva ley minera  ignora la Sentencia de la Corte Constitucional sobre la necesidad de emprender una  Consulta Prelegislativa como así también instrumentos internacionales tales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Viola además, el derecho colectivo consagrado en el numeral 9 del articulo 57 de la Constitución, que menciona entre otros derechos el de generación y ejercicio de la autoridad indígena, ya que solamente se prevé que las empresas mineras contarán con la autorización de autoridades ordinarias como del Ministerio del Ambiente o la Secretaría Nacional del Agua.

Aprobada esta ley minera se podrán realizar actividades mineras en cualquier lugar del territorio nacional, consagrando con ello la violación a un principio fundamental tantas veces pregonado por parte del Presidente de la República, como es el principio de que “el ser humano debe estar sobre el capital”.
Se elimina la figura de subasta para las empresas estatales extranjeras, sus subsidiarias y empresas mixtas o de consorcios en las que tengan participación. Esto, podría significar entregar las concesiones mineras de manera arbitraria y direccionada.


Ya no se obliga a presentar conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental una serie de autorizaciones previas de varias entidades oficiales. En lugar de ello, pone de juez y parte a las propias empresas mineras, las que deberán hacer una declaración juramentada para decir si con sus actividades afectan o no todo lo que suprimió el Art. 26: áreas protegidas; zonas de seguridad nacional, presencia de vestigios arqueológicos.
Esta reforma viola, por lo tanto, entre otros aspectos la Autonomía y Competencias de los Gobiernos Locales, en cuanto a determinación del uso del suelo cantonal, lineamientos del modelo económico productivo provincial, situación ambiental, cultural, turística, de los territorios provinciales, cantonales y parroquiales.
La reforma omite una regulación  sobre el uso de cianuro que se va a utilizar en la explotación de oro, y que constituye, uno de los venenos más potentes del planeta. El equivalente a 2 gramos de arroz produce la muerte inmediata.


Las Reformas planteadas a la Ley Minera no la mejoran, ni pretenden avanzar hacia políticas que apunten al real y efectivo ejercicio de los derechos constitucionales, alertaban las organizaciones ecuatorianas. Por el contrario, esta reforma, apuntala una economía extractivista, con un claro retroceso hacia prácticas neoliberales de debilitamiento de las normas ambientales y de favorecer a las empresas transnacionales.