El pasado viernes 18 de octubre por la principal avenida de
la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay se llevó a cabo la 5ta Marcha por
el Agua la Tierra y la Vida en momentos decisivos para los proyectos económicos
de alto impacto social y ambiental que están siendo impuestos sin las
evaluaciones técnicas necesarias, sin brindarle al público las informaciones
requeridas y sin la participación ni la licencia social de las poblaciones
afectadas.
A modo de ejemplo, sin suministrar los informes solicitados
por los vecinos de la zona, se realizó recientemente una audiencia pública
cuando ya estaba firmado un contrato (sumamente lesivo para el país) con la
empresa adjudicataria de un proyecto de construcción de una planta
regasificadora en la zona oeste de Montevideo.
La regacificadora suministrará energía al proyecto de extracción de hierro de la empresa india Aratirí. Una
energía por la cual la minera pagará un tercio de la tarifa eléctrica que paga
la población uruguaya.
Simultáneamente, la evaluación ambiental del proyecto de minería
a cielo abierto de Aratirí se encuentra lejos de ser aprobada, por carencias
tanto de informaciones requeridas a la empresa como rediseño de partes claves
del proyecto. No obstante, el gobierno uruguayo anuncia que firmará a la
brevedad un contrato de inversión que seguramente será también lesivo para el
país.
Se pretende ignorar el derecho de la sociedad a ser
correctamente informada y a ser tenida en cuenta en las decisiones. Esta es la
razón de una creciente movilización social en todo el territorio nacional en
rechazo a esos proyectos y que reclama instancias de participación en las
decisiones.
A la entrega de 13.000 firmas en el departamento de
Tacuarembó para que se realice un plebiscito, le siguió la decisión de la Junta
Departamental de Lavalleja que la semana pasada aprobó una ordenanza por la
cual se prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en la zona rural de su
jurisdicción.
Carol Aviaga, una enfermera de 40 años de edad, que lidera
la Comisión de vecinos de Lavalleja, declaró sentirse muy feliz de que se hubiera
aprobado esta iniciativa ya que habían trabajado muchísimo durante un año y medio,
informando a la gente sobre los impactos de la minería y recolectando firmas para
presentar la iniciativa acompañada de toda la fuerza de los vecinos.
Por otra parte el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable)
dio inicio a una recolección de firmas en todo el país dirigida a introducir
una enmienda constitucional para que se prohíba en el territorio nacional
la minería metalífera a cielo abierto. La organización que lleva adelante la
iniciativa ha declarado que sería una irresponsabilidad del gobierno firmar un
contrato con una empresa que no tiene habilitación ambiental, que es resistida
por la mayoría de la población y que además en un futuro puede quedar prohibida
su actividad.
En estos días se levantaron otras voces de rechazo a la
minería de gran porte. Entre ellas, la de la Asociación Rural del Uruguay (ARU)
que emitió un comunicado en que reitera su rechazo a los proyectos de minería
de gran porte y solicita que se posterguen las autorizaciones hasta que se
tengan todas las garantías de que no van a afectar el desarrollo futuro del
país "en forma negativa".
El Uruguay tiene fama por haber sido el único país del mundo
donde se prohibió la privatización de las empresas públicas y el único país
donde se ganó un plebiscito que no permitió la privatización del agua. Es
probable que también se haga famoso por prohibir la minería a cielo abierto a
través de una reforma constitucional.
