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| Foto: Revista "El Maletero" Nº 50 |
Todo empezó con la llegada de un circo y el paso de un camión cargado de balones de mercurio mal asegurados que se dirigía a Lima. Fue un viernes 2 de junio del 2000, entre las 4 y 6:30 de la tarde: 151 kilos de mercurio líquido de propiedad de la minera Yanacocha se derramaron a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa.
Atardecía cuando la gente se percató. El mercurio brillaba sobre la carretera. Desde sus altavoces el circo prometía diversión. Un grupo de trabajadores de la minera llegó esa noche y ofreció 100 soles por cada kilo recuperado. Decenas de niños se lanzaron a las calles con cucharitas en mano para juntar en tazas el líquido letal. Ese fin de semana el circo estuvo lleno de niños, repleto.
Unas 750 personas –40% de ellas menores de edad– sufrieron las secuelas de la intoxicación por mercurio. Las quejas por una serie de malestares físicos continúan hasta hoy. Pareciera que una epidemia de migraña se hubiera instalado en esta comunidad ubicada a tres horas de Cajamarca.
EL MERCURIO LES CAMBIÓ LA VIDA
Choropampa se dedica hoy más al comercio que a la agricultura, el 32% de su población tiene menos de 9 años y la desnutrición crónica se ha quintuplicado en los últimos 10 años. El día del derrame los hijos de Andrea Escalante –niños entonces– recogieron el mercurio en sus tazas.
Por la noche, luego de guardar el mercurio en sus cuartos, lavaron esas mismas tazas y se sirvieron café en
ellas. “Vendimos el mercurio a Yanacocha porque mis hijos querían ir al circo”. Andrea se cubre el rostro con sus dos manos y dice que sus 8 hijos sufren ahora de constantes dolores de cabeza y temblores en el cuerpo. Su voz se detiene cada vez que un camión cruza la carretera.
Ese año 2000 Andrea Escalante y otros casi mil pobladores firmaron acuerdos extrajudiciales con Yanacocha. A ella le dieron 1.000 soles de indemnización y 2.000 soles por cada uno de sus hijos. Pero ese dinero no fue suficiente. “¿Qué iba a saber yo lo que gastaría luego en medicinas?”.
A cambio de ese acuerdo, renunciaba a alguna otra acción civil o penal contra la minera. Le dijeron que no podía hablar del tema porque era un acuerdo confidencial. Entonces, no contó nada.
DERECHOS VULNERADOS
La Defensoría del Pueblo consideró en su momento –y ahora se ratifica– que en estas transacciones “no debieron haber incorporado cláusulas que limiten la responsabilidad de dolo o culpa de quienes produjeron el daño”. En esos acuerdos renunciaban a cualquier otra querella. Según la misma defensoría, varias
