El pasado 19 de julio los jueces de la Corte de Justicia
de la Provincia Amazónica de Morona Santiago declararon culpable del delito de
sabotaje y terrorismo a Pepe Acacho y Pedro Mashian. Acacho es integrante de la
Asamblea Nacional, órgano legislativo de Ecuador, representante del Movimiento
de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP). El MUPP es un movimiento político
ecuatoriano de tendencia indigenista y anticapitalista, surgido en el año 1995 que
tiene 5 representantes en la Asamblea Nacional. Pedro Mashian es presidente de
la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco.
Ambos enfrentan un juicio por terrorismo organizado desde
septiembre de 2009, por las protestas sociales desarrolladas en defensa del
agua que fueron fuertemente reprimidas por la Policía Nacional y donde resultó muerto
el profesor Bosco Wisuma. Ambos líderes se declaran inocentes de los cargos de los
que son acusados.
A pesar de los reclamos de varias organizaciones a las
autoridades pertinentes, para que realizasen una investigación sobre estos
acontecimientos y no quedara impune el fallecimiento de una persona, la
administración de justicia ha criminalizado el ejercicio de derechos legítimos,
consagrados en la Constitución ecuatoriana, como son el de organización y libre
expresión, calificándolos como actos de terrorismo agravado.
Las acciones de estos
líderes sociales se enmarcan dentro de procesos de resistencia social contra la
Ley de Aguas, debido a que el Estado central no agotó los mecanismos formales y
legales de diálogo para procesar los reclamos, dejando a las organizaciones el
único recurso de la protesta social. La Constitución en el Art. 98 garantiza
que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia
frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o
jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos
constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
En este caso concreto, las acciones eran en defensa de la
naturaleza, que también goza de derechos consagrados constitucionalmente en
Ecuador. Esta reacción social, ocasionó la persecución política en contra de
líderes indígenas, campesinos y sociales. Se inició un proceso de criminalización contra la
protesta popular a tal punto que más de 174 dirigentes se encuentran procesados
e investigados por la justicia. Esta
situación atenta contra expresas
garantías constitucionales y conlleva a callar la voz del pueblo creando un
clima de miedo y temor.
Las movilizaciones de los pueblos amazónicos del año 2009
contra la Ley de Aguas no eran por acceso al agua ni porque hubiera escasez o
porque querían apropiarse de ella, de hecho, si es que hay agua disponible en
la región Amazónica es porque los pueblos indígenas han cuidado de ella. Acacho
expresó públicamente su posición de no permitir la explotación petrolera y
minera en territorio shuar sino mantener las condiciones de vida y cultura de
su pueblo: agua, bosques y tierra.
La preocupación de los pueblos Shuar siempre ha sido
impedir que el agua se viera amenazada
por mineras y petroleras, como acaba de ocurrir en la provincia vecina de Azuay
donde colapsó semanas pasadas un depósito de desechos mineros de la empresa
concesionaria minera de nombre “Barranco Colorado”, propiedad del portugués
Alexander Joaquín Bemposta, en Shumiral.
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De acuerdo a información publicada en “La gran época” el
17 de agosto todos los desechos iban a las aguas del río Chico, que se une con
el curso del Gala, Tenguel y Pagua, los cuales desembocan en las camaroneras y
los manglares. La misma publicación informa que el Presidente de la Junta Parroquial
de Tenguel, Julio Símbala, advirtió que en su jurisdicción se hallaban miles de
peces muertos. El alcalde de Ponce Enríquez dijo que es una "tragedia
ambiental", que a lo largo de 13 hectáreas se evidencia el lodo que arrasó
con todo a su paso y afectó a los poblados que utilizan el agua para sus
actividades.
Por otra parte se denunció que los mineros ubicados aguas
arriba del sitio del desastre, aprovechando el caos, también vaciaron los
relaves venenosos que contenían sus piscinas; hecho afirmado por vecinos que
observaron que las aguas tenían un color plateado desde otros puntos aguas
arriba al lugar del siniestro.
Ahora la población es aconsejada por el Ministerio
Ambiental que eviten el uso del agua de rio "bajo ninguna
circunstancia" mientras investigan el grado de contaminación del agua
“cianurada”.
El presidente de la Junta Parroquial de Tenguel, Julio
Símbala, sostuvo que “la piscina fue construida anti técnicamente, ya que los
residuos eran sostenidos por sacos".
Sin embargo años atrás cuando se construyeron estas “plantas de
cianuración” la Fundación para la Investigación Geológico Minera y Ambiental en
el Ecuador (FUNGEOMINE) las promocionaban como "una moderna planta de
cianuración con tecnología de punta que está prevista para apoyar la
descontaminación de las aguas".
Hechos como este demuestran que era necesario ir contra
la Ley de Aguas para preservar este preciado bien que hoy se encuentra
seriamente comprometido por el accionar de empresas mineras en muchas regiones
del Ecuador.
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