La violencia del
extractivismo es contra las
mujeres indígenas y sus comunidades.
Los pueblos indígenas de Guatemala continúan
luchando cada día contra la explotación y el despojo de sus tierras comunales,
ante el asedio de las empresas extractivistas, una lucha por la dignidad y por
la vida que le pone frente a la flagrante y devastadora penetración de estas
empresas en sus territorios. Esta lucha es y ha sido principalmente encarnada y
protagonizada por mujeres indígenas, son ellas quienes desde su profunda y
legítima determinación por conservar la vida de sus hijos, de sus familias y
sus comunidades vienen poniendo un alto a la violación de los derechos humanos
y haciendo valer el cumplimiento de los derechos colectivos indígenas.
Con este pronunciamiento
queremos no sólo denunciar esta situación, sino aunar fuerzas en torno a la
indignación y solidaridad nacional e internacional para exigir las acciones
necesarias que permitan garantizar la seguridad de estas mujeres.
La maquinaria estatal
guatemalteca que reprimió en los oscuros años del genocidio sigue existiendo, no ha desaparecido, pero se
ha renovado y ha desarrollado nuevas formas de violentar la integridad física y
moral de las mujeres indígenas que se atrevan a cuestionar o denunciar los
intereses de las grandes empresas que atentan contra la vida de las
comunidades, las atacan feroz y frontalmente y también las intimidan produciendo rumores y difamaciones en sus comunidades, amenazan a sus familias
para que renuncien a sus acciones políticas. Para que se tenga una idea de las formas de represión nombramos los siguientes casos:
Jovita Tzul Tzul, una
joven mujer k’iche’ de Totonicapán que
trabaja junto a la Asociación de Abogados Mayas, participando activamente en la
denuncia de las múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres,
pueblos y comunidades indígenas que son violentadas por los
proyectos extractivistas. Por esta labor, Jovita es el blanco de una serie de amenazas e intimidaciones, para que deje sus labores.
proyectos extractivistas. Por esta labor, Jovita es el blanco de una serie de amenazas e intimidaciones, para que deje sus labores.
También está el caso de
Ramona García, dirigente de las 12 Comunidades kaqchikeles de San Juan
Sacatepéquez: ha realizado una serie de denuncias sobre cómo ha sido
flagrantemente monitoreada en sus conversaciones telefónicas y correos electrónicos
y ha revelado la manera en que los policías que resguardan la seguridad del
proyecto cementero Finca San Gabriel la han venido intimidando junto a una
serie de compañeras de manera constante y pública, instándolas a no salir de
sus casas para las movilizaciones y amenazándolas con violentar la integridad
física de sus familiares. Todo esto por defender las tierras comunales de San
Juan Sacatepéquez.
La compañera Angelina
Choc, q’eqchi’ del Estor Izabal, quien
junto con sus compañeras han denunciado en Guatemala y Canadá la violación sexual de 11 de sus compañeras por
miembros de seguridad privada de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals
Inc. Así también por el asesinato de su esposo el profesor Adolfo Ich Xamán.
Por ese caso de denuncia ellas está siendo intimidada y asediada con llamadas
telefónicas y difamaciones en su comunidad.
Otro caso es el de
Francisca Gómez, columnista k’iche’ quien es acusada de difamación contra
Cementos Progreso, propiedad de la familia Novella. Esta mujer luchadora lo
único que ha hecho es venir denunciando con pruebas una serie de atropellos
cometidos por dicha cementera en 12 Comunidades de San Juan Sacatepéquez, y en
vez de escuchar sus argumentos, la respuesta ha sido interponerle un proceso
judicial en los tribunales de Guatemala para intentar silenciarla.
Doña Crisanta Pérez,
mujer mam de San Miguel Ixtahuacán, San
Marcos, que tuvo orden de
detención por su participación activa contra del despojo de tierras y también
por haber denunciado los daños que ha ocasionado la Mina Marlin en su
comunidad.
Margarita Ché, q’eqchi’,
quien denunció la intromisión del Ingenio Chabil Utzaj en el Valle del
Polochic, Alta Verapaz. A raíz de esto ella y su familia sufrieron una serie
de calumnias difamatorias en su
comunidad. Finalmente Margarita fue asesinada el 4 de junio de 2011 en
condiciones de violencia, el caso nunca
fue esclarecido por parte de las instancias que debieron de hacerlo.
Lorena Cabnal, Xinca,
feminista comunitaria, activa participante contra el despojo de las tierras
comunales en Santa María Xalapan, ha sufrido una serie de acusaciones,
difamaciones y agresiones familiares.
La compañera Catarina
Sequén, kaqchikel, viuda. Fue despojada
de su tierra en Santo Domingo Xenacoj para construir el anillo regional por
parte de la empresa Constructora Nacional S.A. CONASA que beneficiará al
proyecto Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez. Ella es asediada y
amenazada permanentemente por trabajadores de la empresa.
La dirigenta Hermelinda
Simon, q´anjobal que por participar en la organización de la consulta
comunitaria en Barillas, Huehuetenango y por su lucha contra a la empresa
hidroeléctrica Hidro Santa Cruz y le
dictaron orden de detención y fue
perseguida mediante un proceso irregular.
Hoy día 14 de agosto del
2014 fueron detenidas tres mujeres q’eqchi’: Isabela Choc, Cristina y Cármen
Hun una de ellas embarazada,quienes por su oposición a los desalojos violentos
y la militarización de sus tierras de Monte Olivo y 9 de febrero, fueron encarceladas de manera irregular.
La cuenta sigue, la persecución de Lolita Chavez , dirigente k’iche’ de Santa Cruz del
Quiché ha sido amenazada y agredida constantemente. Tiene varios procesos de
demanda en su contra. Como ella,
hay varios cientos nombres de mujeres
comunitarias que están
siendo reprimidas y perseguidas por sus
luchas.
En los años del
genocidio, los represores jugaban con la vida de las familias y obligaban a
muchos a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil forzándolos a
denunciar a su propia gente. Hoy, bajo la misma lógica, muchas familias dentro
las comunidades reciben dinero para que apoyen a los proyectos de la muerte
‒que ellos denominan como proyectos de “desarrollo”‒ y para que amedrenten a su
propia gente. Pero al igual que ayer,
hoy son las mujeres indígenas las que alzan más alto la voz de rechazo y las
que más se organizan, por esto también es que la represión es más fuerte sobre
ellas. La fuerza de estas mujeres y su determinación en la lucha por conservar
sus formas de vida comunitaria está siendo atacada por empresas y por el
Estado.
Estas mujeres no son
“víctimas” pasivas de lo que sucede en sus comunidades, son luchadoras que nos
exigen a todas y todos indignación y solidaridad, pero por sobre todo, nos
exigen acciones concretas para que, desde donde podamos, presionemos por
garantizar su seguridad, la seguridad de sus familias y de sus comunidades.
Estas mujeres no quieren ser victimizadas, quieren que nosotras y nosotros
asumamos su lucha como nuestra, porque en realidad su lucha es nuestra en todo
sentido.
Organizaciones y
personalidades amigas de todo el mundo han sido alertadas en estos días sobre
la violencia que en estas últimas semanas se ha incrementado contra las mujeres
indígenas de Guatemala y sus comunidades organizadas. Están atentas y algunas
ya han empezado a actuar para asumir las posiciones que sean necesarias frente
a este clima de violencia. En este sentido, los abajo firmantes hacemos un
llamado para el cese de la violencia contra las mujeres indígenas, para que
finalicen los amedrentamientos contra ellas y para que sus voces no sólo sean
escuchadas sino también respondidas, ellas no están solas, somos muchas y
muchos que las acompañamos en su lucha.
Firma la peticición Aquí
Vía:
https://www.change.org
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