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| Foto OXFAM Foro Público |
“Nos dimos
cuenta de los efectos que estaba produciendo la empresa minera, como
enfermedades, conflictos sociales y secado de ríos. Fue precisamente por
estar luchando por el respeto de nuestros derechos individuales y
colectivos, que nos pusieron orden de captura en contra de ocho mujeres
de la comunidad. Fuimos perseguidas durante cuatro años, pero eso no nos
ha detenido y vamos a seguir luchando”. Son palabras de Crisanta Pérez,
una de las mujeres que desde el año 2005 se ha enfrentado a violaciones
de los derechos humanos desde que en San Marcos se inició el proyecto
minero Marlin, de la transnacional Goldcorp, operado en Guatemala por la subsidiaria Montana Exploradora.
Los casos que estas valientes mujeres exponen están vinculados a las operaciones que diversas transnacionales mineras han desarrollado en el país en los últimos años, especialmente desde que se empezó a operar el proyecto minero Marlin, en el departamento de San Marcos.
La
denuncia de Crisanta sobre los efectos en la salud y la contaminación
de ríos ha sido respaldada por diversos estudios, como los realizados
por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE)
de la Diócesis de San Marcos para determinar la calidad del agua
alrededor del proyecto minero. Se ha observado que existen altas
concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y arsénico en los ríos
Quivichil y Tzalá, en los
puntos ubicados río abajo del reservorio de
aguas residuales de la mina y en ciertos nacimientos, por lo que se
puede concluir que las operaciones mineras tienen influencia sobre la calidad de estas aguas.La lucha por la justicia
Al
otro extremo del país, en el departamento de Izabal, la explotación
minera también está afectando la tranquilidad de las comunidades, que
han rechazado el inicio de operaciones del proyecto minero FeNix, que explota níquel en el municipio de El Estor, Izabal.
El proyecto FeNix es operado localmente por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la transnacional rusa Solway Investment Group,
que adquirió el proyecto en el año 2011. Sin embargo, la conflictividad
y la violación a los derechos humanos de las comunidades tienen una
larga historia de dolor para las mujeres de la región.
Angélica
Choc, de la Comunidad Lote Ocho, El Estor, relató que desde que
reiniciaron las operaciones de la CGN, personal de seguridad de la mina
ha estado involucrado en el abuso sexual de 11 mujeres, agresiones en
contra de comunitarios y destrucción de sus propiedades y medios de
vida. Angélica, además, carga con el dolor de que el proyecto minero se
cobró la vida de su esposo, Adolfo Ich Chamán, asesinado el 27 de
septiembre de 2009.
Desde entonces, Angélica ha iniciado la
búsqueda incansable por la justicia, llevando a tribunales
internacionales a la empresa minera responsable de la violación a los derechos humanos en su comunidad y
responsable del asesinato de su esposo. “Esta lucha que hago no es de
ahora, esta lucha la traigo en la sangre y la seguiré haciendo para
seguir logrando justicia”, comenta Angélica.
La causa de Angélica ante tribunales de Canadá fue contra la transnacional HudBay Minerals, que fue la propietaria del proyecto FeNix hasta
el año 2011, y cuyo personal de seguridad estuvo involucrado en la
violación a los derechos humanos en la comunidad de El Estor. Angélica
ha logrado justicia en los tribunales canadienses, después de que la
Corte Suprema de Justicia de Toronto declarara la responsabilidad de la
empresa en los delitos cometidos.
El ejemplo de la resistencia pacífica
A
escasos 20 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, entre los municipios
de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, está el proyecto El Progreso Derivada VII, operado en Guatemala por Exmingua, subsidiaria de Kappes, Cassiday & Associates (KCA). Este proyecto minero, al igual que otros similares, se ha ido desarrollando sigilosamente.
“La
lucha a mí me agarró por sorpresa. Fue en el año 2010 cuando en la
comunidad de San José del Golfo comenzó a circular información que había
proyectos mineros en el área, entonces los compañeros comenzaron a
reunirse para cuestionar al gobierno sobre el tema. Es ahí donde yo me
doy cuenta y decido formar parte de la lucha, pensando en el futuro de
mis hijos, de los niños, de cómo iban a ser afectados. En ese entonces
fui la primera mujer que asistía a las reuniones”, recuerda Yolanda
Oquelí,
El
avance del proyecto minero, con el supuesto apoyo y respaldo del
gobierno a través de las fuerzas de seguridad, no impidió que las
comunidades continuaran su organización e iniciaran acciones pacíficas
para oponerse a la minería. En marzo de 2012, pobladores de las
comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo decidieron iniciar
un plantón pacífico frente a la entrada del proyecto minero.
“Desde
ahí se empezó a conocer a nivel nacional nuestra lucha, que éramos las
mujeres las que estábamos al frente. Hasta el día de hoy, a pesar de
tanta represión que ha habido para la resistencia, y gracias a las
comunidades y a la gente que hace sus turnos, la resistencia de La Puya sigue en pie”, explica Yolanda.
Sin
embargo, al igual que en otros proyectos mineros, la mentira, el
engaño, la difamación, la compra de voluntades, el hostigamiento, la
criminalización, las amenazas, los ataques violentos y la
judicialización contra las y los defensores del territorio
no se hicieron esperar. Yolanda lo sabe muy bien, en su cuerpo lleva
alojadas las balas de un atentado con el fin de acabar con su vida. Sin
embargo, esa no es la única carga que las mujeres llevan en la espalda.
No es lo mismo ser un hombre defensor que ser una mujer defensora
“En
esta defensa de la vida duele también cuando no solo tenemos que pelear
contra la empresa, no solo tenemos que pelear contra el Gobierno, sino
muchas veces también contra los propios compañeros por el machismo que
hay en las diferentes luchas y dentro de las organizaciones. El impacto
para las mujeres defensoras es doble, no es lo mismo ser un hombre
defensor que ser una mujer defensora, porque nos toca estar pendientes
de estar con nuestros hijos, que si mi madre está enferma, que si mi
padre está enfermo y tener presente nuestro papel en la lucha. Es muy
difícil porque se nos critica cuando estamos nosotras al frente y se ve
lo que conseguimos; es muy difícil la difamación, que tanto las empresas
como el gobierno nos hacen, cuando creen que nuestra participación
puede ser manipulada, sólo por el hecho de ser mujer”, concluye Yolanda.
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