Manifiesto en Resistencia a la Minería

La llegada de las empresas mineras genera y aumenta la marginación, el empobrecimiento, el abuso, el desplazamiento, la violación de los derechos territoriales, el deterioro ambiental, la destrucción de los medios tradicionales de subsistencia, la discriminación y la desigualdad de las mujeres latinoamericanas.

Denunciamos el hostigamiento, las amenazas, la persecución, la intimidación, las demandas legales y los abusos sexuales contra las mujeres en resistencia a la minería.  Demandamos el cese de esas prácticas violatorias de nuestros derechos humanos y exigimos se respete asimismo, la integridad física de nuestros hijos, esposos, compañeros y familias.

Exigimos a las empresas mineras respeto por nuestros derechos de autodeterminación, salud, acceso a las fuentes de agua limpia en calidad y cantidad suficientes.

Denunciamos que las justas y legítimas reclamaciones de las mujeres en los diferentes pueblos y comunidades indígenas y campesinas han sido criminalizadas, judicializando sus luchas, deslegitimando su participación, obligándolas a instalar mesas de diálogo, concertación, negociación, en desigualdad de condiciones, frente a empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de los gobiernos que protegen sus intereses.  En ese sentido, las mesas de diálogo han servido únicamente para conculcar aún más los derechos colectivos, la consulta y la participación ciudadana y generar un desgaste deliberado en las luchas emprendidas por las mujeres en los pueblos y comunidades. Por otro lado, estas empresas niegan los graves impactos de la contaminación ambiental que envenena las aguas, aire, tierras y todas formas de vida, atentando contra la salud y vida de los seres humanos, y en especial de las mujeres que vivimos próximas a las operaciones mineras.  De forma por demás cínica, las empresas y los gobiernos niegan su responsabilidad económica, social y ambiental para con el entorno de las comunidades actuales y próximas generaciones.

Evidenciamos el engaño y los procesos inconsultos con los que las empresas mineras se adueñan de nuestras tierras y medios tradicionales de subsistencia. Demandamos respeto de los derechos territoriales y exigimos la consulta previa y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en los territorios indígenas.

Señalamos que las políticas mineras de los gobiernos, permiten la expoliación del patrimonio natural de nuestros países, protegiendo militarmente a las transnacionales

Ante la amenaza de la minería sobre los recursos hídricos, demandamos de nuestros gobiernos la protección de las distintas cuencas hidrográficas y humedales de donde se abastecen de agua las mujeres de comunidades indígenas y mestizas de países latinoamericanos.  De manera que exigimos, se prohíban los proyectos mineros a gran escala que amenazan importantes recursos hídricos.

Por la falta de medición de los impactos en la salud de las mujeres residentes en las áreas cercanas a los proyectos mineros, exigimos compromiso de los gobiernos para obligar a las corporaciones a cubrir los costos de esos estudios bajo responsabilidad de las autoridades sanitarias nacionales, además, del tratamiento y restauración de las mujeres enfermas.

Solicitamos a los organismos financieros internacionales suspender los trámites de financiamiento de proyectos mineros en nuestros países, que se hayan establecido o pretendan establecer en zonas acuíferas, de carga y descarga acuífera, glaciares, de alta biodiversidad, ecológicamente frágiles y áreas de ocupación agropecuaria y sustento pesquero.  A nuestros gobiernos exigimos detener la autorización de las concesiones mineras dadas o por darse en esas áreas, además pedimos sancionar drásticamente a las compañías que han contaminado las aguas de los países miembros de esta red, obligándolas a restaurar los ecosistemas hídricos contaminados.

Hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres en el mundo, a levantar su voz y en solidaridad con las mujeres latinoamericanas impactadas y bajo la amenaza de la minería, exigir  a las empresas mineras y gobiernos, la consulta previa, el respeto por la forma de decidir libremente el uso de nuestros territorios, el respeto por el derecho a la vida, ambiente sano y saludable y medios tradicionales de subsistencia.

Declaramos a los pueblos indígenas y campesinos, principalmente a las mujeres, como acreedores y acreedoras de las deudas sociales y ecológicas, históricas y actuales, generadas por las corporaciones transnacionales y nacionales mineras y los organismos financieros internacionales.  Demandamos las sanciones correspondientes a los delitos sociales y ambientales causados, la restauración ambiental, el resarcimiento de los daños sociales y la inmediata suspensión de nuevos proyectos mineros.