La llegada de las empresas mineras genera y aumenta la marginación, el empobrecimiento, el abuso, el desplazamiento, la violación de los derechos territoriales, el deterioro ambiental, la destrucción de los medios tradicionales de subsistencia, la discriminación y la desigualdad de las mujeres latinoamericanas.
Denunciamos el hostigamiento, las amenazas, la persecución, la intimidación, las demandas legales y los abusos sexuales contra las mujeres en resistencia a la minería. Demandamos el cese de esas prácticas violatorias de nuestros derechos humanos y exigimos se respete asimismo, la integridad física de nuestros hijos, esposos, compañeros y familias.
Exigimos a las empresas mineras respeto por nuestros derechos de autodeterminación, salud, acceso a las fuentes de agua limpia en calidad y cantidad suficientes.
Denunciamos que las justas y legítimas reclamaciones de las mujeres en los diferentes pueblos y comunidades indígenas y campesinas han sido criminalizadas, judicializando sus luchas, deslegitimando su participación, obligándolas a instalar mesas de diálogo, concertación, negociación, en desigualdad de condiciones, frente a empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de los gobiernos que protegen sus intereses. En ese sentido, las mesas de diálogo han servido únicamente para conculcar aún más los derechos colectivos, la consulta y la participación ciudadana y generar un desgaste deliberado en las luchas emprendidas por las mujeres en los pueblos y comunidades. Por otro lado, estas empresas niegan los graves impactos de la contaminación ambiental que envenena las aguas, aire, tierras y todas formas de vida, atentando contra la salud y vida de los seres humanos, y en especial de las mujeres que vivimos próximas a las operaciones mineras. De forma por demás cínica, las empresas y los gobiernos niegan su responsabilidad económica, social y ambiental para con el entorno de las comunidades actuales y próximas generaciones.
