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| Vidalina Morales |
En primer lugar, expreso, en nombre de todas las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, el más profundo agradecimiento al Instituto de Estudio Políticos (IPS), por entregarnos este reconocimiento, que recibimos con mucha alegría: el Premio de Derechos Humanos Letelier Moffitt, que debe su nombre a dos miembros mártires de esta institución: el ex canciller chileno Orlando Letelier y la joven estadounidense Ronni Moffitt.
La Mesa se siente altamente honrada por sumarse a la lista de instituciones y personalidades luchadoras por los derechos humanos que han sido galardonadas con este premio. De nuestro país, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador era la única organización que lo había recibido antes, en 1980, año del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a quién los pueblos de América Latina y del mundo ya le hicieron Santo.
En segundo lugar, quiero hablar de la Mesa Nacional y su lucha contra la minería en El Salvador, cuyo logro principal es la decisión gubernamental de no permitir esta nociva industria, a pesar de las fuertes presiones de empresas como la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group, que han demandado al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle las licencias de explotación.
La Mesa la integran comunidades de la zona norte del país (especialmente de los departamentos Cabañas y Chalatenango) y organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas, de desarrollo local y centros de investigación. Fue creada en octubre de 2005, año en que Pacific Rim presentó su Estudio de Impacto Ambiental, para obtener permiso de explotación del proyecto El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
La mina El Dorado es uno de los 29 proyectos de extracción de metales preciosos –principalmente oro y plata– que Pacific Rim, Commerce Group y otras compañías mineras pretendían ejecutar en la zona norte, la mayoría sobre la cuenca del Río Lempa, el principal afluente del país, que recorre dos terceras partes del territorio nacional y provee más de la mitad del agua potable del Área Metropolitana de San Salvador, el mayor centro poblacional salvadoreño.
Pacific Rim declaró que utilizaría en El Dorado dos toneladas diarias de cianuro. Si la explotación duraba 10 años, esta mina habrían usado 7 mil 300 toneladas de ese veneno letal. Si los 29 proyectos eran como El Dorado, las empresas mineras habrían derramado 211 mil 700 toneladas de cianuro en el agua, aire y suelo: una catástrofe ambiental y social inimaginable, sobre todo por la estrechez territorial (20 mil km2), la alta densidad poblacional (más de 300 hab/km2) y la crisis hídrica ya existente en El Salvador.
La Mesa demostró la inviabilidad de la minería y su incompatibilidad con el proyecto de desarrollo de la zona norte, que financia la Corporación Reto del Milenio. Estudios de prestigiosos científicos como Robert Moran (experto estadounidense en minería) y Dina Larios (geóloga de la Universidad de Ohio, EE.UU.) confirmaron que esta industria sería un grave peligro para el futuro de nuestro país y la continuidad de la vida.
La postura de la Mesa fue compartida por la Comisión Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, la Conferencia Episcopal de El Salvador, entre otras. A finales de 2007, una encuesta del Instituto de Investigación de Opinión Pública de la UCA reveló que más del 60% de la población salvadoreña rechaza la minería. El gobierno negó el permiso a Pacific Rim, argumentando que incumplió requisitos ambientales.
Pacific Rim arremetió con más fuerza. En diciembre de 2007 introdujo, a través del conservador Partido de Conciliación Nacional, un proyecto de nueva ley minera que elimina los requerimientos que no cumplió y quita al gobierno la facultad de decidir sobre los proyectos mineros, dejándosela a una “autoridad minera”, que sería controlada por las mismas transnacionales mineras. Pero la resistencia popular, encabezada por la Mesa, impidió su aprobación.
El nuevo gobierno, que inició el 1ro de junio de este año, en voz del presidente Mauricio Funes, confirmó la decisión de impedir la explotación minera y de enfrentar la demanda de Pacific Rim en el CIADI. Sin embargo, la amenaza de la minería de metales no se aleja totalmente del país, mientras no se apruebe una ley que prohíba estos proyectos. A esto se opone la Asamblea Legislativa, dominada por la oposición de derecha, afín a los intereses de las empresas mineras y demás corporaciones transnacionales.
Pacific Rim, además de incumplir requisitos ambientales y violentar leyes, sus exploraciones causaron daños ecológicos, pérdidas económicas, conflictos sociales y corrupción. Es decir, agredió al país y, por tanto, debe ser enjuiciada. Pero no, la empresa demanda al Estado. Se invierten los roles: el victimario (Pacific Rim) demanda a la víctima (El Salvador). El escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene, en esta demanda, otro ejemplo para ilustrar mejor el “mundo patas arriba”.
Pacific Rim y Commerce Group se amparan al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA) para demandar al gobierno salvadoreño ante un tribunal internacional que favorece los intereses corporativos, en detrimento de los Estados y de los pueblos. Por tanto, el CAFTA debe modificarse en aquellos aspectos que violan la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. De igual forma, revisar todos los tratados de inversión que ponen en desventaja a los Estados frente a las empresas transnacionales.
Y en último lugar, la Mesa dedica este Premio a los defensores del medioambiente y los derechos humanos que sufren amenazas, persecución, agresiones y asesinatos, debido a su resistencia a la minería metálica. Especialmente a Gustavo Marcelo Rivera, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Este maestro, de Cabañas, de 37 años, combatió la minería de Pacific Rim desde el activismo ecológico, la promoción cultural y la militancia política.
Este reconocimiento lo merecen muchas organizaciones y comunidades que defienden el medioambiente, los derechos humanos y la vida, en distintos lugares del planeta. La Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador, lo recibe con toda humildad, porque ratifica lo justo, lo digno y lo legítimo de nuestra lucha, y nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería metálica se haya alejado para siempre de El Salvador.
¡Muchas gracias!
La Mesa se siente altamente honrada por sumarse a la lista de instituciones y personalidades luchadoras por los derechos humanos que han sido galardonadas con este premio. De nuestro país, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador era la única organización que lo había recibido antes, en 1980, año del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a quién los pueblos de América Latina y del mundo ya le hicieron Santo.
En segundo lugar, quiero hablar de la Mesa Nacional y su lucha contra la minería en El Salvador, cuyo logro principal es la decisión gubernamental de no permitir esta nociva industria, a pesar de las fuertes presiones de empresas como la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group, que han demandado al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle las licencias de explotación.
La Mesa la integran comunidades de la zona norte del país (especialmente de los departamentos Cabañas y Chalatenango) y organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas, de desarrollo local y centros de investigación. Fue creada en octubre de 2005, año en que Pacific Rim presentó su Estudio de Impacto Ambiental, para obtener permiso de explotación del proyecto El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
La mina El Dorado es uno de los 29 proyectos de extracción de metales preciosos –principalmente oro y plata– que Pacific Rim, Commerce Group y otras compañías mineras pretendían ejecutar en la zona norte, la mayoría sobre la cuenca del Río Lempa, el principal afluente del país, que recorre dos terceras partes del territorio nacional y provee más de la mitad del agua potable del Área Metropolitana de San Salvador, el mayor centro poblacional salvadoreño.
Pacific Rim declaró que utilizaría en El Dorado dos toneladas diarias de cianuro. Si la explotación duraba 10 años, esta mina habrían usado 7 mil 300 toneladas de ese veneno letal. Si los 29 proyectos eran como El Dorado, las empresas mineras habrían derramado 211 mil 700 toneladas de cianuro en el agua, aire y suelo: una catástrofe ambiental y social inimaginable, sobre todo por la estrechez territorial (20 mil km2), la alta densidad poblacional (más de 300 hab/km2) y la crisis hídrica ya existente en El Salvador.
La Mesa demostró la inviabilidad de la minería y su incompatibilidad con el proyecto de desarrollo de la zona norte, que financia la Corporación Reto del Milenio. Estudios de prestigiosos científicos como Robert Moran (experto estadounidense en minería) y Dina Larios (geóloga de la Universidad de Ohio, EE.UU.) confirmaron que esta industria sería un grave peligro para el futuro de nuestro país y la continuidad de la vida.
La postura de la Mesa fue compartida por la Comisión Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, la Conferencia Episcopal de El Salvador, entre otras. A finales de 2007, una encuesta del Instituto de Investigación de Opinión Pública de la UCA reveló que más del 60% de la población salvadoreña rechaza la minería. El gobierno negó el permiso a Pacific Rim, argumentando que incumplió requisitos ambientales.
Pacific Rim arremetió con más fuerza. En diciembre de 2007 introdujo, a través del conservador Partido de Conciliación Nacional, un proyecto de nueva ley minera que elimina los requerimientos que no cumplió y quita al gobierno la facultad de decidir sobre los proyectos mineros, dejándosela a una “autoridad minera”, que sería controlada por las mismas transnacionales mineras. Pero la resistencia popular, encabezada por la Mesa, impidió su aprobación.
El nuevo gobierno, que inició el 1ro de junio de este año, en voz del presidente Mauricio Funes, confirmó la decisión de impedir la explotación minera y de enfrentar la demanda de Pacific Rim en el CIADI. Sin embargo, la amenaza de la minería de metales no se aleja totalmente del país, mientras no se apruebe una ley que prohíba estos proyectos. A esto se opone la Asamblea Legislativa, dominada por la oposición de derecha, afín a los intereses de las empresas mineras y demás corporaciones transnacionales.
Pacific Rim, además de incumplir requisitos ambientales y violentar leyes, sus exploraciones causaron daños ecológicos, pérdidas económicas, conflictos sociales y corrupción. Es decir, agredió al país y, por tanto, debe ser enjuiciada. Pero no, la empresa demanda al Estado. Se invierten los roles: el victimario (Pacific Rim) demanda a la víctima (El Salvador). El escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene, en esta demanda, otro ejemplo para ilustrar mejor el “mundo patas arriba”.
Pacific Rim y Commerce Group se amparan al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA) para demandar al gobierno salvadoreño ante un tribunal internacional que favorece los intereses corporativos, en detrimento de los Estados y de los pueblos. Por tanto, el CAFTA debe modificarse en aquellos aspectos que violan la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. De igual forma, revisar todos los tratados de inversión que ponen en desventaja a los Estados frente a las empresas transnacionales.
Y en último lugar, la Mesa dedica este Premio a los defensores del medioambiente y los derechos humanos que sufren amenazas, persecución, agresiones y asesinatos, debido a su resistencia a la minería metálica. Especialmente a Gustavo Marcelo Rivera, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Este maestro, de Cabañas, de 37 años, combatió la minería de Pacific Rim desde el activismo ecológico, la promoción cultural y la militancia política.
Este reconocimiento lo merecen muchas organizaciones y comunidades que defienden el medioambiente, los derechos humanos y la vida, en distintos lugares del planeta. La Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador, lo recibe con toda humildad, porque ratifica lo justo, lo digno y lo legítimo de nuestra lucha, y nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería metálica se haya alejado para siempre de El Salvador.
¡Muchas gracias!
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